La Fiscal\u00eda Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b043, a cargo de Silvana Russi, rechaz\u00f3 el pedido de excarcelaci\u00f3n presentado por la defensa de Leandro Esteban Garc\u00eda G\u00f3mez, expareja de Lourdes Fern\u00e1ndez, integrante del grupo Bandana. La funcionaria sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n, adem\u00e1s de la gravedad de los delitos imputados y los antecedentes penales del acusado.<\/p>\n\n\n\n
El dictamen fue elevado al juez Diego Javier Slupski, quien deber\u00e1 resolver en los pr\u00f3ximos d\u00edas si mantiene el encarcelamiento preventivo. En su presentaci\u00f3n, la fiscal describi\u00f3 un cuadro de violencia sostenida y control psicol\u00f3gico hacia la v\u00edctima, enmarcado en un contexto de violencia de g\u00e9nero estructural.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el requerimiento, los hechos se investigan bajo las figuras de lesiones leves agravadas por el v\u00ednculo y por mediar violencia de g\u00e9nero, en concurso real con privaci\u00f3n ilegal de la libertad agravada, delitos que podr\u00edan implicar penas de cumplimiento efectivo. Russi remarc\u00f3 que el imputado cuenta con antecedentes condenatorios por hechos de similares caracter\u00edsticas, lo que agrava su situaci\u00f3n procesal.<\/p>\n\n\n\n
El expediente incluye testimonios de allegados que confirmaron episodios de agresi\u00f3n, aislamiento y control, as\u00ed como un informe de la Oficina de Violencia Dom\u00e9stica de la Corte Suprema, cuyos profesionales advirtieron una “percepci\u00f3n subjetiva de riesgo deficitaria” por parte de la v\u00edctima y calificaron el caso como un “entrampamiento vincular de larga data” con riesgo alto.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal subray\u00f3 que la reiteraci\u00f3n del v\u00ednculo no exime de responsabilidad, sino que demuestra el c\u00edrculo de dependencia y manipulaci\u00f3n caracter\u00edstico de estas din\u00e1micas. “El intento de justificar las conductas padecidas no hace m\u00e1s que revelar la vulnerabilidad de la v\u00edctima y la influencia del imputado sobre ella”, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Desde el punto de vista jur\u00eddico, Russi fundament\u00f3 su posici\u00f3n en la Ley 27.372 de Derechos y Garant\u00edas de las Personas V\u00edctimas, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 y las Reglas de Brasilia, que obligan al Estado a garantizar la protecci\u00f3n integral de las mujeres en situaci\u00f3n de violencia. Consider\u00f3 adem\u00e1s que “las medidas alternativas de menor gravedad resultan insuficientes” y que la prisi\u00f3n preventiva es necesaria para evitar nuevos episodios de violencia o interferencias en la causa.<\/p>\n\n\n\n
El juzgado deber\u00e1 definir en los pr\u00f3ximos d\u00edas si hace lugar o no al pedido de la defensa, mientras la causa contin\u00faa bajo la calificaci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero y privaci\u00f3n ileg\u00edtima de la libertad agravada.<\/p>\n\n\n\n
El caso de Lourdes Fern\u00e1ndez se desarrolla en un contexto de desmantelamiento de las pol\u00edticas p\u00fablicas de g\u00e9nero y de reducci\u00f3n de programas estatales de acompa\u00f1amiento a v\u00edctimas. Tras la eliminaci\u00f3n del Ministerio de Mujeres, G\u00e9neros y Diversidad, muchas de las herramientas creadas para la prevenci\u00f3n y asistencia en casos de violencia quedaron bajo revisi\u00f3n o con funcionamiento limitado.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, la resoluci\u00f3n judicial que se tome en los pr\u00f3ximos d\u00edas ser\u00e1 observada de cerca por los organismos especializados y por el movimiento de mujeres, que advierten sobre una creciente desprotecci\u00f3n institucional frente a situaciones de violencia de g\u00e9nero y la necesidad de garantizar la continuidad de las pol\u00edticas de resguardo y acceso a la justicia.<\/p>\n\n\n\n
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