Desde la Procuración del Tesoro desmintieron versiones sobre un supuesto desacato y destacaron que la Argentina cumple con las decisiones judiciales mientras espera un fallo clave de apelación.
En medio de versiones que circularon en los últimos días, la Procuración del Tesoro de la Nación aclaró que la Argentina no se encuentra en desacato en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York, y aseguró que el país cumple con todas las resoluciones judiciales vigentes.
Fuentes del organismo señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que las afirmaciones sobre un supuesto incumplimiento “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”. En ese sentido, remarcaron que el Estado argentino actúa de buena fe en el marco del proceso.
Respecto al discovery ordenado por la jueza Loretta Preska, que involucra comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, explicaron que dicha medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto bajo el derecho argentino como estadounidense. No obstante, indicaron que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de información, y que se trabaja activamente para obtener el consentimiento de las personas involucradas, con una amplia colaboración voluntaria.
Desde la defensa calificaron la orden de discovery como un “intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano”, contrario al derecho internacional público, y sostuvieron que esta estrategia busca desviar la atención del contexto adverso que atraviesa la parte actora. En ese marco, recordaron que las acciones del fondo Burford, que financia la demanda, cayeron un 29% en lo que va del año.
Asimismo, la Procuración del Tesoro desmintió enfáticamente cualquier versión sobre sanciones o desacato. Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal para el intercambio de escritos entre las partes y que cualquier decisión quedará sujeta exclusivamente a la evaluación del tribunal.
En paralelo, el Estado argentino aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, un fallo que podría dejar sin efecto la condena por más de 16.000 millones de dólares y frenar cualquier intento de ejecución.
“La defensa del interés nacional exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron desde la Procuración del Tesoro, al reafirmar que la Argentina actúa conforme al derecho y “lejos de cualquier escenario de desacato”.
