La administración de Donald Trump prepara una nueva intervención en favor de Argentina en el millonario litigio por la expropiación de YPF. El objetivo: frenar la entrega del 51% de las acciones a fondos buitre y evitar un precedente peligroso para la economía global.
En un giro estratégico que podría modificar el rumbo del conflicto judicial por la expropiación de YPF, el Gobierno de Estados Unidos se prepara para respaldar nuevamente a la Argentina en el proceso que se lleva adelante en los tribunales de Nueva York. Según trascendió, la Casa Blanca evalúa intervenir formalmente ante la jueza Loretta Preska, quien ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, que reclaman una indemnización de 16.099 millones de dólares.
Trump juega su carta: respaldo diplomático y posible intermediario
Fuentes cercanas al litigio confirmaron que la administración de Donald Trump prepara una declaración contundente en apoyo a Argentina. El respaldo no sería solo judicial, sino también político. Incluso, no se descarta que el propio expresidente se pronuncie en su red Truth Social para expresar su postura contra lo que considera un avance indebido sobre la soberanía de otro país.
Además, se analiza una jugada clave: la designación de un intermediario judicial que facilite una salida negociada al conflicto y evite la ejecución de una sentencia que, de concretarse, sentaría un precedente “altamente riesgoso” para la política exterior y la seguridad jurídica internacional.

Por qué Estados Unidos apoya a la Argentina
Ya en noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU. se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) en favor del país sudamericano. En esa oportunidad, argumentó que la orden judicial para transferir acciones de YPF violaba principios básicos del derecho internacional y de inmunidad soberana.
Estos son los cuatro pilares del argumento estadounidense:
📌 1. Un juez de EE.UU. no puede ordenar la entrega de bienes que están en otro país
Las acciones que se ordena entregar están registradas en la Caja de Valores de Argentina y no cotizan en Wall Street. Por tanto, no pueden ser objeto de embargo por un tribunal estadounidense, ya que están fuera de su jurisdicción.
📌 2. Interferencia en derechos soberanos
La orden de la jueza Preska vulneraría la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional, interfiriendo con decisiones propias de un Estado extranjero. Esto implicaría un “uso inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
📌 3. Obligar a Argentina a violar su legislación
Ceder el 51% de YPF implicaría que el Estado argentino viole sus propias leyes. La renacionalización de la petrolera en 2012 fue aprobada por el Congreso, por lo que cualquier cesión de acciones requeriría una nueva ley. Ni siquiera un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) podría sustituir ese requisito.
📌 4. El temor a la reciprocidad
En Washington temen que permitir la entrega forzada de activos soberanos siente un precedente que, en el futuro, otros países podrían replicar contra empresas estadounidenses. La posibilidad de una “reciprocidad peligrosa” genera alarma en círculos diplomáticos y financieros.
YPF y el Estado argentino: qué está en juego
Aunque el juicio se tramita en Nueva York, YPF no es parte del litigio. El conflicto enfrenta a fondos privados con el Estado argentino, y se centra en el cumplimiento del estatuto de la empresa durante su expropiación en 2012. Los fondos reclaman que el Gobierno debió ofrecer una compra proporcional a todos los accionistas, no solo a Repsol.
El caso ya fue elevado a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que suspendió provisoriamente la orden de Preska. Ahora debe decidir si ratifica, modifica o revoca la sentencia. Si no hay acuerdo entre las partes, el litigio podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El rol de la Procuración del Tesoro y las fechas clave
La defensa argentina está en manos de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Santiago María Castro Videla, quien trabaja junto al prestigioso estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Mientras tanto, la Cámara fijó un cronograma:
- Los fondos demandantes deben presentar su oposición antes del 17 de julio.
- Argentina debe responder antes del 22 de julio.
La decisión final podría demorar hasta dos años, lo que abre una ventana clave para una negociación extrajudicial, escenario que la Casa Blanca vería con buenos ojos.
¿Qué puede pasar ahora?
Con el respaldo de EE.UU., Argentina gana margen político y jurídico para resistir la ejecución del fallo. La gran incógnita es si el gobierno de Javier Milei mantendrá la postura de no negociar o si aceptará abrir una instancia de diálogo, mediada por Washington, para cerrar el capítulo judicial más costoso de la historia del país.