Golpe judicial para Argentina: EE.UU. rechaza frenar la entrega de acciones de YPF y se avecina posible desacato

La Justicia de Estados Unidos le dio la espalda al Estado argentino al rechazar el pedido de suspensión de la orden que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF. Argentina tiene tres días para cumplir o alcanzar un acuerdo, o quedará al borde del desacato judicial.

Un nuevo revés judicial sacude al Gobierno argentino. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Con esta decisión, Argentina tiene solo tres días hábiles para cumplir con el fallo o alcanzar un acuerdo con los fondos demandantes, de lo contrario podría incurrir en desacato ante la Justicia estadounidense.

El Gobierno ya apeló a la Corte de Apelaciones y pidió que se suspenda la orden hasta que el tribunal superior se expida. Sin embargo, no hay certezas de que haya una respuesta antes del jueves, fecha límite para ejecutar la transferencia.

En un escrito de cuatro páginas, Preska cuestionó duramente al país:

“La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones… Aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no cumplió con las condiciones impuestas”, escribió. Y agregó que cualquier daño irreparable que pueda sufrir es consecuencia de su propia inacción.

Desde la Procuración del Tesoro, organismo que diseña la estrategia legal del Estado, aclararon que Argentina aún no incumple formalmente la orden, ya que se otorgaron tres días más para recurrir a la Cámara de Apelaciones.

El viceprocurador Juan Ignacio Stampalija explicó que también se pidió suspender la entrega de acciones hasta que se resuelva la apelación y anticipó que, si la Cámara rechaza el planteo, el Estado recurrirá a la Corte Suprema de EE.UU.

¿Quiénes son los beneficiarios del fallo?

Los fondos Burford Capital y Eton Park fueron quienes impulsaron la demanda por la expropiación de YPF. En 2023, lograron una sentencia favorable que ordenó a Argentina pagar una indemnización de US$ 16.100 millones más intereses.
Además, se sumó como beneficiario el fondo Bainbridge, que recibiría parte del pago mediante acciones por una deuda en default desde 2001.

Burford adquirió en España el derecho a litigar tras la quiebra del Grupo Petersen, que tenía participación accionaria en YPF al momento de la expropiación.

La estrategia legal y los plazos clave

Aunque Argentina presentó una apelación, en EE.UU. las sentencias de primera instancia no se suspenden automáticamente, salvo que el juez lo autorice. En este caso, Preska negó esa posibilidad.

El proceso de apelación sigue abierto y se espera la designación de los tres jueces que integrarán el tribunal para revisar la sentencia. Las partes —Argentina, YPF y los fondos— ya presentaron sus escritos, pero aún no hay fecha para la audiencia oral.

Mientras tanto, este jueves vence el plazo que fijó Preska para la entrega de las acciones. De no concretarse, el país podría enfrentar un pedido de desacato, aunque esto aún no está confirmado.

La reacción del Gobierno y la crítica a la jueza

Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro, consideró que la decisión de Preska es “prematura e irrazonable”, y recordó que el propio Departamento de Justicia de EE.UU. se había pronunciado en contra de permitir ese tipo de medidas, por considerar que violan la inmunidad soberana de los Estados.

“El Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones, según lo establece la Ley 26.741”, explicó Soler.

Un juicio millonario en plena crisis

El fallo de septiembre de 2023 impuso a la Argentina la obligación de pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF. Aunque la empresa sigue funcionando con normalidad, el conflicto judicial internacional expone al país a riesgos financieros y legales de alto impacto, en un contexto económico delicado.

El desenlace ahora depende de lo que ocurra en las próximas 72 horas. Si no hay un fallo favorable o un acuerdo con los fondos, la Argentina enfrentará una de las decisiones judiciales más complejas de los últimos años.