Este lunes, la Justicia analizará el régimen de prisión domiciliaria de la expresidenta. Su defensa pedirá más libertades, pero la fiscalía se opondrá. Además, un equipo interdisciplinario evaluará su estado y el uso de la tobillera electrónica.
La Cámara Federal de Casación Penal analizará este lunes las condiciones en las que Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria, y no se descarta que los jueces sugieran un cambio de domicilio. Además, se discutirá la posibilidad de flexibilizar el régimen de visitas, aunque por el momento se mantendría la tobillera electrónica como método de control.
La audiencia será presidida por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes revisarán el cumplimiento de la condena impuesta a la expresidenta. En simultáneo, un equipo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales evaluará a Cristina Kirchner en su actual residencia, ubicada en San José 1111, barrio de Constitución.
El objetivo de la evaluación es determinar cómo se adapta a la prisión domiciliaria, si el dispositivo electrónico le genera molestias físicas (como alergias o irritaciones en la piel), y si su funcionamiento es adecuado. Los resultados serán enviados tanto a la Casación como al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), que lleva adelante la ejecución de la pena.
📌 La defensa vs. la fiscalía
La defensa de Cristina Kirchner solicitará que se eliminen las restricciones de visitas y que se le retire la tobillera electrónica. En cambio, la fiscalía, representada por Mario Villar, no insistirá con que la expresidenta sea trasladada a una cárcel común —como propuso Diego Luciani en su momento—, pero sí rechazará cualquier intento de aliviar las condiciones actuales.
Cabe destacar que los jueces del TOF2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) fueron quienes determinaron que la exmandataria cumpla su condena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica y bajo estrictas reglas de conducta, incluyendo una limitación en el número de visitantes.
Actualmente, solo pueden ingresar familiares, abogados y médicos. Cualquier otro visitante debe ser autorizado previamente por el tribunal, incluso figuras internacionales como el presidente de Brasil, Lula da Silva.
👥 El impacto del entorno y la “paz social”
Desde el Ministerio Público se planteó que el departamento de Constitución no es adecuado para el cumplimiento de la condena, argumentando posibles molestias para los vecinos y problemas de seguridad. Por ello, no se descarta que la Cámara sugiera trasladarla a su residencia en El Calafate o Río Gallegos, aunque la elección del domicilio recae legalmente en el condenado. La defensa podría alegar que mudarse a esas ciudades afectaría el desarrollo de su vida política y personal.
También se debatirá el funcionamiento de su custodia personal, compuesta por una decena de agentes de la Policía Federal. Estos efectivos serían responsables de asegurar que Cristina Kirchner cumpla con las condiciones impuestas.
📨 La polémica por las visitas
Uno de los puntos que más llama la atención en tribunales es la cantidad de pedidos de visita recibidos tras una acción pública impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, quien invitó a enviar correos electrónicos solicitando ver a la expresidenta. Más de mil personas respondieron, colapsando el canal de autorizaciones.
Ante esta situación, algunos jueces de Casación consideran que debería analizarse un sistema más flexible, ya que en las cárceles comunes no se requiere autorización judicial individual para cada visita.
🔎 Lo que viene
Una vez finalizada la audiencia de este lunes, la Cámara de Casación tendrá hasta cinco días hábiles para resolver. Sin embargo, se espera que la decisión llegue antes y contemple tanto el informe del equipo interdisciplinario como los argumentos presentados por las partes.
En los pasillos judiciales aseguran que “lo más importante ya pasó”: el juicio concluyó, la condena fue confirmada, y la inhabilitación y el decomiso ya son firmes. Lo que se resuelva ahora, dicen, no tendrá un impacto central, aunque sí podría generar nuevas tensiones políticas y mediáticas.
La definición está en manos de los jueces de Casación, que deberán balancear el cumplimiento de la pena con el respeto a los derechos del condenado… y la paz social en un barrio que también está en el centro del debate.
