El pedido de alta voluntaria fue realizado por la madre, pero médicos y la Justicia intervinieron para proteger la salud del menor.
Un preocupante caso movilizó al sistema de salud y judicial en Corrientes. Un niño de 12 años fue internado de urgencia en el Hospital Pediátrico por consumo problemático de drogas. Sin embargo, al día siguiente, su madre exigió a los médicos que le otorgaran el alta voluntaria.
Pese a que la ley permite a los pacientes –o a sus representantes legales, en el caso de menores– abandonar el tratamiento médico aun sin haber recibido el alta profesional, los pediatras consideraron que hacerlo implicaba un riesgo grave para la salud y la vida del niño. Por eso, decidieron acudir al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 5.
El juez Edgardo Frutos resolvió a favor de los médicos, priorizando el derecho fundamental a la salud del menor por encima de la voluntad de los adultos. En la resolución judicial N.º 1337/25, el magistrado destacó que, en situaciones de alto riesgo, el Estado tiene la obligación de intervenir para proteger a niños, niñas y adolescentes, incluso cuando eso implique limitar la responsabilidad parental.
Además, el fallo exigió que la madre no interfiera con las indicaciones médicas y que toda la familia se involucre en el proceso de recuperación del menor.
La medida fue celebrada por profesionales de la salud y organismos de protección de derechos, que señalaron la importancia de que el tratamiento del niño no sea interrumpido y que cuente con un entorno familiar que lo acompañe en su rehabilitación.
