La Justicia ordenó su excarcelación, aunque la causa sigue en trámite y la fiscalía apeló la medida.
La jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Marina Durand, ordenó la liberación de los cinco efectivos policiales que se encontraban detenidos por una denuncia de presunta tortura contra un hombre durante un procedimiento policial. No obstante, la investigación continúa en curso y el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión.
El caso se remonta a mediados de diciembre, cuando un joven de 33 años domiciliado en el paraje Atalaya de Santo Tomé, identificado como Gonzalo Álvarez, denunció ante la Fiscalía de Instrucción haber sido víctima de apremios ilegales por parte de personal de la Comisaría Tercera, tras un intento de detención en su domicilio.
A raíz de la denuncia, cinco policías fueron detenidos: cuatro de ellos imputados por el delito de torturas y el quinto, jefe de la dependencia, acusado de encubrimiento y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según consta en la presentación judicial, el hecho habría ocurrido el domingo 14 de diciembre, cuando Álvarez fue interceptado en el marco de un control policial y trasladado a la comisaría. De acuerdo al testimonio de la familia, el joven habría sufrido una violenta golpiza, con lesiones visibles en el rostro y las piernas, y no habría recibido atención médica ni alimentos durante su permanencia en la dependencia.
La denuncia motivó la intervención de la División Asuntos Internos de la Policía de Corrientes y el avance de la causa en la Fiscalía de Instrucción. Sin embargo, el pasado viernes la magistrada resolvió otorgar la libertad inmediata a los cinco efectivos, tras analizar los planteos de la defensa y la calificación inicial del expediente. En su resolución, sostuvo que no correspondía mantener la detención, aunque dejó abierta la investigación para determinar eventuales responsabilidades penales.
La decisión fue apelada por el fiscal Facundo Cabral, quien consideró que existen elementos suficientes para sostener medidas más gravosas, especialmente respecto del efectivo señalado como principal autor de la agresión. Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver si confirma, revoca o modifica la excarcelación.
En paralelo, desde la División Asuntos Internos se dispuso el apartamiento preventivo de los cinco policías de sus funciones y el desplazamiento del jefe de la Comisaría Tercera, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales.
